Advierten a la OEA sobre «amenazas institucionales» para que los jueces no condenen la corrupción

En un informe la ong FORES advierte que desde el 2009 hasta la fecha la gran mayoría de las causas en donde se investigan hechos de corrupción “no concluyen” y señala la aparición de “amenazas institucionales” contra la Justicia desde el cambio de gobierno en diciembre de 2019.

Los juicios no finalizan porque “los acusados son sobreseídos por prescripción, muerte del imputado, duración excesiva del proceso (más de 20 años) o porque las pruebas se degradan o erosionan”.

En estas condiciones de la Argentina de los últimos 12 años, concluye el informe: “No hay funcionarios inocentes ni culpables: son sospechosos”.

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Durante el período 2009-2016, los casos en donde se investigan hechos de enriquecimiento ilícito, por ejemplo, son aproximadamente 600, pero en el mismo período se registra solo una condena firme. Se trata de la ex secretaria de Medio Ambiente de Carlos Menem, María Julia Alsogaray.

El informe fue entregado al llamado Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) de la OEA. El MESICIC está haciendo una auditoría sobre la Argentina que durará otros 10 meses hasta el próximo mes de marzo e incluirá una visita de sus expertos para evaluar in situ al país.

Está titulado “Un País En Estado De Sospecha: La Argentina y la Corrupción 2009-2021”. Fue realizado bajo la coordinación del ex presidente de FORES, Marcelo de Jesús, llevó aproximadamente 4 meses de investigación. FORES es una ONG creada hace 45 años para mejorar el sistema judicial. La entidad actualmente está presidida por Alfredo M Vítolo.

El informe de FORES exhibe “el desorden y la insuficiencia de las estadísticas del país: con información desactualizada, contradictoria e insuficiente” sobre causas por corrupción. En el 2019 había más de 100 ex funcionarios K, incluyendo a Cristina Kirchner procesados por corrupción pero es muy difícil seguir la evolución de las causas.

En uno de los capítulos del informe de 120 páginas, se advierte que desde diciembre de 2019, cuando cambió el Gobierno, “existen amenazas institucionales para la lucha contra la corrupción”. Aunque no identifica a nadie en particular alude a la vicepresidenta que en sus discursos, a través de sus operadores o de leyes que aprueba el Senado lanzó una ofensiva sin precedentes sobre la Justicia.

Por ejemplo, hace más de un año que el presidente Alberto Fernández designó al juez Daniel Rafecas como candidato a Procurador General de la Nación, pero el Senado no ha tratado tal pliego.

Además, existe un proyecto de ley para modificar al Ministerio Público Fiscal para nombrar al Procurador General “sin mayor consenso, generando un jury con mayor facilidad para remover a los fiscales ya que se ha proyectado un cuerpo más politizado para conformar el jurado”, comenta. Se trata de la polémica ley que los K aprobaron en el senado para nombrarlo sin los dos tercios de los votos.

No es menor la amenaza para modificar a la Corte Suprema sugerida por una comisión nombrada por el Poder Ejecutivo cuyos integrantes son abogados defensores de funcionarios públicos con procesos de corrupción pendientes ante la misma Corte u órganos inferiores”, resalta. Se refiere a la propuesta de la comisión que integró el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, que quiere crear un tribunal de sentencia arbitraria a la parte o al mismo nivel de la Corte.

Por otra parte, en varias de las entrevistas se “nos ha señalado que existen interferencias sobre la Justicia por parte de la Política e incluso de los servicios de inteligencia. El actual gobierno ha señalado la misma preocupación. La OCDE también ha recogido en sus documentos públicos (señalados debajo) tal interferencia”. Se refiere a las denuncias del kirchnerismo sobre supuesto espionaje ilegal macrista.

La Argentina “tiene un sistema normativo aceptable para combatir y reprimir la corrupción. Pero las reglas no se cumplen”, como decía el ex asesor de Raúl Alfonsín, Carlos Nino en su libro “Un país, al margen de la ley”.

“Parecería que el país ha construido un sistema funcional a la corrupción, sea en forma deliberada, sea por omisiones o negligencias”, agrega en ese sentido.

En el 2016, una Auditoría llevada adelante por el Consejo de la Magistratura de la Nación respecto de las causas de corrupción en la justicia federal reveló “problemas de recursos humanos, tecnológicos y funcionales que hacen casi imposible investigar y sancionar la corrupción en nuestro país”.

“Las notorias demoras en la tramitación de los juicios reflejan una preocupación más por los aspectos formales que por un interés concreto en hacer avanzar las causas”, añade. En cambio, la causa de los Cuadernos de las Coimas fue instruida por el fallecido ex juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en un año y medio.

Por ejemplo, diferentes órganos del estado “se hacen juicios unos a otros por negarse unos a compartir información con otras instituciones estatales, con una notorio desinterés por el avance la las causas”.

Entonces, las causas prescriben “pero ningún funcionario judicial ni del ministerio público es investigado o auditado por haber permitido la prescripción”, subraya FORES.

El informe concluye con una serie de recomendaciones y propuestas a la OEA tendientes a “evitar la desinformación, la falta de eficiencia y la descoordinación entre los órganos del Estado”.

Las pruebas de las causas “se erosionan y se pierden por transcurso del tiempo” como, por ejemplo, en la causa Henin (sobre la represa de Yacyretá).

En parte, sostiene FORES, “los problemas de la demora surgen de un Código Procesal que permite replanteo casi sin límites de recursos. Las defensas interponen todos los recursos posibles en cada etapa de una causa”.

El año próximo está previsto que entre en vigencia en todo el país el nuevo código procesal que pasa a un sistema acusatorio en los que investigarán serán los fiscales y no los jueces.

En cuanto a la falta de condenas afirma que “cotejando la información que pudimos obtener, observamos que las causas penales por los delitos de esta sexta ronda de consultas de la OEA, parecen no tener condenas y tienen un exceso de duración alarmante”.

En la Argentina actual se considera que la sentencia debe “quedar firme” para que un condenado cumpla la pena y no directamente luego de un juicio oral. “Una sentencia “firme” o “definitiva” parece un momento imposible de alcanzar dada la cantidad de recursos que el sistema admite y los que plantean las partes”, agrega.

Por ejemplo, recientemente se condenó a un ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou “luego de recorrer ocho instancias”. Luego de que “el fallo quedara firme, tampoco la sentencia se cumple por nuevos recursos para evitar la prisión” a 5 años de prisión por el caso Ciccone.

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Fuente: Clarín

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