Clases presenciales: otro golpe para el Presidente en su momento más complejo en el poder

No fue una buena semana para Alberto Fernández y el fallo de la Corte Suprema que respaldó la autonomía porteña y avaló las clases presenciales fue otro golpe justo en medio de su momento más complejo en el poder.

La secuencia de malas noticias en los últimos días es inédita. Mientras la economía sigue estancada y con una inflación que acecha, Fernández ni siquiera pudo echar al subsecretario de Energía, Federico Basualdo, un funcionario de tercera línea -pero que tiene el respaldo de la vicepresidenta- al que el ministro de Economía, Martín Guzman, calificó de «incompetente».

La crisis de las vacunas es otro de los frentes del Gobierno que sigue sin resolverse. No está claro cuando llegarán más dosis y ahora el oficialismo busca  cerrar acuerdos con Pfizer y hasta le pidió a Gran Bretaña que ayude a destrabar la situación de AstraZeneca que prometió millones de dosis pero hasta ahora no entregó ni una vacuna.

La estrategia oficial de cerrar las escuelas porteña que le había dado un envión de supuesta autoridad a Fernández tras recuperarse del Covid, salió mal. No solo expuso al Presidente -que tomó la decisión solo y a contramano de lo que pensaban sus ministros de Salud y Educación y sin avisar a la Ciudad- sino que ahora, con el fallo de la Corte, lo debilitó.

No hubo una sentencia «salomónica» como aventuraban en el oficialismo. La decisión fue en una sola dirección y entre los perdedores quedó Fernández y parte de su Gabinete que tampoco pudo advertirlo de lo que podía llegar a pasar.

Los magistrados rebaten en el fallo toda la estrategia oficial que buscó imponer el cierre de las escuelas porteñas. Sostienen que la Ciudad es Autónoma desde 1994 con la reforma constitucional, que tiene derecho a definir su política educativa y que incluso la pandemia no está por encima de la autonomía. Citan fallos previos donde destacan las autonomías provinciales y aseguran que «la asignación de competencias en el sistema federal no implica, por cierto, subordinación de los estados particulares al gobierno central».

Y cierran: «El Estado Federal en lugar de ejercer una atribución propia invadió una que le resulta ajena».

También dejan en evidencia la pobrísima argumentación que presentó el Gobierno ante la Corte para defender el cierre de las escuelas. Es una crítica, aunque sin nombrarlo, contra el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini que fue el encargado de presentar los argumentos oficiales ante el tribunal. 

​Los jueces describen que el Gobierno no logró, entre otros puntos, argumentar sobre el impacto del transporte público vinculado a las clases presenciales en la incidencia de los casos. Según la Corte los datos presentados «no alcanzan para justificar el ejercicio de una competencia sanitaria federal que incide de manera tan drástica en la modalidad de la enseñanza, en lo que aquí interesa, porteña».

El Presidente, abogado de profesión, se jactó en varias oportunidades sobre sus conocimientos en materia de derecho. Incluso cuando tuvo que cuestionar fallos que apuntaban contra ex funcionarios y la propia vicepresidenta Cristina Kirchner, involucrada en expedientes de corrupción. «Es extraño que no haya estado al tanto de cuestiones básicas como la autonomía de la Ciudad», decía este martes en tono irónico un operador judicial que suele caminar los pasillos de los tribunales tras el fallo de la Corte.

En los últimos días, desde el Gobierno habían empezado a sospechar que la Corte podía decidir en contra. De hecho, tras el nuevo DNU que se publicó el viernes pasado y que extendió el cierre de las clases presenciales, desde el oficialismo evitaron presionar a la Ciudad, que siguió con las escuelas abiertas.

Ahora arranca una nueva etapa en la batalla contra la pandemia y en la relación Larreta-Fernández. Desde el el gobierno porteño aseguran que evitarán celebrar el fallo y que intentarán reencauzar el vínculo con la Casa Rosada, dañado tras la pelea por las escuelas. El Presidente también debería empezar a revisar su estrategia.  

Fuente: Clarín

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