Juicio a Prado: El fiscal dijo que el robo de caños fue “un caso de corrupción emblemático”

Una de las noticias de la semana fue el inicio del juicio contra el ex intendente Aguaray Jorge Prado, su ex secretario de Hacienda y otros ocho acusados, entre ellos siete empresarios, son juzgados por el robo de más de 250 caños de una obra que habría beneficiado a 1,7 millones de habitantes.

En ese contexto y según la información que comparte el sitio de Fiscales de la Nación sobre lo ocurrido en la jornada de ayer en el juicio, el fiscal  general Eduardo José Villalba, en representación de la Unidad Fiscal Salta, ratificó la acusación penal, repasó los hechos, las pruebas reunidas y el análisis de la calificación penal.

Al referirse al caso, el fiscal Villalba sostuvo que el robo de caños es “un caso de corrupción emblemático” que no quedará impune, pues aseveró que la fiscalía “demostrará en el juicio con pruebas fehacientes la responsabilidad de los acusados, quienes saben muy bien por qué están sentados aquí”.



Sobre el inicio del caso recalcó que fue la resolución número 1215/2019, firmada por Prado, “la gran protagonista de este caso” ya que con este documento intentó darle “un ropaje legal” a una maniobra que Prado y el empresario Diego Alos, de OSYP SA, que habían pergeñado antes de la asunción del ex intendente, la cual consistía concretamente en el robo de los caños del Gasoducto GNEA, una obra que, en esos momentos, estaba paralizada.

En su relato de los hechos, el fiscal explicó que descubierta la ilegalidad de la resolución, los acusados avanzaron con el robo bajo otra modalidad. “Ese era el momento de parar, pero la voluntad de delinquir pudo más”, dijo el fiscal para dar paso en su relato a la aparición de Vera en la maniobra, a quien definió como un ladrón de caños conocido. “Alos, el arquitecto de la maniobra, lo conocía muy bien a Vera”, apuntó Villalba.


“Idearon un plan destinado, tanto a desafectar bienes del Estado para introducirlos en el mercado negro de la compra y venta de caños, como a lograr la impunidad”


Por su parte el abogado querellante Sebastián Smith, por parte de la empresa Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA), señaló en su alegato que el perjuicio económico causado por el robo de los caños alcanzó la cifra de 5 millones de dólares, pues se perdieron ocho kilómetros del tendido del gasoducto, cuya obra habría beneficiado con el suministro de gas natural a 1,7 millones de habitantes.

Las defensas de los acusados plantearon la inocencia de sus defendidos e indicaron que desconocían la ilegalidad de la resolución 1215, mientras que los más comprometidos también atacaron a Vera como imputado colaborador.



Fuente: Informate Salta

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