Karina Moyano se resiste a entregar US$ 500 mil a la Justicia e insistió en ser sobreseída

Una semana después de que el juez Luis Armella la intimara a devolver de manera urgente 600 mil pesos (unos 60 mil dólares) y 434 mil dólares, y rechazara su sobreseimiento, Karina Moyano apeló la medida e insistió con su inocencia, al igual que con la negativa a devolver los fondos investigados por presunto lavado y evasión.

Por orden de la Cámara de La Plata, el juez Armella a cargo del juzgado de Lomas de Zamora, firmó una nueva resolución en la que intimó a la hija de Hugo Moyano a que devuelva, para mantener bajo secuestro, más de medio millón de dólares. La negativa fue rotunda por parte de Karina Moyano.

En esa misma resolución, el magistrado rechazó el pedido de sobreseimiento formulado por el abogado de Karina Moyano, sosteniendo que ese dinero no debe estar bajo sospecha. Como contó Clarín, había señalado en sede judicial que era producto de una donación «realizada por un hermano y por el abogado que tenía entonces», explicaron fuentes judiciales.

Para la justicia no está corroborado aún que el origen de esos fondos sea lícito. Esa es la razón por la cual el juzgado sostiene que los 600 mil pesos y los 434 mil dólares, deben permanecer secuestrados. La causa investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y no descartan una evasión fiscal.

Ahora, a través de su abogado defensor, Moyano apeló la decisión del juez Armella que rechazó sobreseerla al entender que aún era «muy prematuro» para adoptar tal criterio.

En esta ocasión, la hija del líder de Camioneros se corrió de los argumentos políticos y sostuvo en su apelación que era improcedente el allanamiento ordenado por el juez Federico Villena en el marco de una causa por narcolavado. Fue en durante ese operativo donde secuestró la justicia el dinero bajo sospecha.

La situación sobre el dinero que aún conserva Karina Moyano derivó además en una denuncia contra el juez Federico Villena ante el Consejo de la Magistratura, realizada por los fiscales Cecilia Incardona y Diego Iglesias quienes tenían la investigación delegada cuando ocurrió todo.

El dinero exigido por la justicia continúa bajo el poder de la hija del líder sindical de Camioneros, que logra ganar tiempo con la apelación que deberá resolver la Cámara de La Plata. En su planteo insiste con su sobreseimiento al entender que no hay nada que la inculpe.

Respecto a los 600.000 pesos y 434.000 dólares, señaló que no se encontraba en el domicilio a donde se remitió la notificación de la intimación para que devuelva de manera urgente el dinero. Ahora el juzgado la notificará personalmente, pero hasta tanto no haya un nuevo pronunciamiento de la Cámara, continuará teniendo bajo su potestad dichos fondos.

El medio millón de dólares fue secuestrado a comienzos de año en el marco de una causa por narcolavado, es ese allanamiento el que discute Karina Moyano: al considerar que era improcedente, entiende su abogado que todo debe ser anulado.

Lo cierto es que la hija de Moyano no es parte del expediente que sigue a una banda marco. Las hermanas que hace dos años están bajo investigación en la causa son hijas de una ex pareja de Karina Moyano, un vínculo que concluyó hace siete años.

Pero sucedió que cuando el fiscal Diego Iglesias de la PROCUNAR solicitó el allanamiento de catorce domicilios, en la vivienda de Moyano se encontró el dinero cuyo origen no fue aclarado.

Hasta la fecha, explicaron fuentes judiciales «no pudo acreditar que el origen de esos fondos sea lícito y hasta tanto eso no ocurra, deben permanecer secuestrado».

En un escrito presentado ante la justicia, Karina Moyano explicó que la plata -más de medio millón de dólares- había sido producto de «una donación» de uno de sus hermanos, sin especificar cuál de ellos, y del abogado que tenía en aquel momento, Daniel Llermanos, histórico representante legal de Hugo Moyano y pareja de la titular de la TV Pública, Rosario Lufrano.

La fiscalía solicitó que esa información sea respaldada con la correspondiente documentación, como las declaraciones ante la AFIP, por ejemplo, para corroborar que dichos fondos se encuentren blanqueados.

Como eso no ocurrió aún, se intimó a Karina Moyano a que reintegre el dinero y lo ponga a disposición del juzgado. Fuera del expediente sobre narcolavado, la hija del líder de Camioneros es investigada hoy por presunto blanqueo de fondos y evasión.

El fallo de la Cámara 

La semana pasada, la Cámara Federal de La Plata, confirmó la decisión del juez Juan Pablo Auge quien anuló la decisión de su par, Federico Villena que en plena feria judicial y subrogando su juzgado, había sobreseído a Moyano reintegrándole el dinero bajo investigación.

En su fallo, la Cámara criticó el proceder de Villena, recordando que la causa se encontraba delegada en el Ministerio Público Fiscal, «lo que implica una transferencia de la responsabilidad en el impulso de la investigación en cabeza del titular de la acción penal, y resulta más grave que Villena era, al momento de tomar dicha decisión, juez de feria”.

Bajo este mismo lineamiento, el camarista César Álvarez rechazó el argumento de la defensa de Karina Moyano, quien señaló que hubo “animosidad” en la medida judicial. La réplica a dicho argumento fue: «Ni es parte de ninguna guerra judicial ni persecución de ningún tipo a la familia Moyano, y menos aún como parte de un ataque general al sindicalismo combativo de nuestro país ni como un capítulo del llamado Lawfare”.

Por otro lado, analizó el magistrado, «lo que me persuade de que estamos ante una decisión acertada, es que una investigación que estuvo en cabeza del Juez Villena durante tanto tiempo -y como dice la propia defensa, casi sin actividad respecto de Karina Moyano, se resuelva intempestivamente en una feria judicial pasando por alto que la causa estaba delegada”.

Con un argumento, el camarista Jorge Di Lorenzo dijo que “la circunstancia de que el Juez Villena no haya conocido las actuaciones al momento de resolver, torna nulo” todo el procedimiento, incluyendo la devolución de los fondos bajo investigación. Dio así, la razón al fiscal Iglesia y a su par Cecilia Incardona, quienes denunciaron que lo actuado no tenía validez en tanto nunca los participaron, siendo que tenían ellos la pesquisa a cargo.

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Fuente: Clarín

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