Murió de coronavirus el gremialista acusado de extorsionar a empresarios

Con el fallecimiento por coronavirus de uno de los principales acusados, el juicio contra la conducción de la UOCRA de Bahía Blanca se hundió aún más en la incertidumbre. El debate está paralizado desde fines de marzo cuando comenzaron a aparecer casos entre los participantes de las audiencias presenciales que habían comenzado el 22 de ese mes.

Uno de los contagiados fue Humberto Monteros (50) que hasta mediados de enero de 2018 cursaba su tercer mandato en el gremio de la construcción y lideraba una de las dos facciones de la CGT bahiense. A comienzos de abril de este año, fue trasladado al hospital José Penna, donde permaneció internado.

En la terapia intensiva de allí falleció en los primeros minutos del martes. “Su cuadro de covid se agravó a raíz de comorbilidades que presentaba” informaron desde el centro médico provincial, donde atendían al gremialista.

El fiscal Gustavo Zorzano lo acusaba de liderar una asociación ilícita de 14 miembros con los que extorsionaban a empresarios de la construcción y profesionales cuentapropistas en Bahía Blanca y la región. “Eran obligados a suscribir acuerdos o convenios que establecían a favor de los trabajadores aumentos de sus remuneraciones por encima de los acuerdos salariales vigentes” según el investigador.

También les atribuyó intimarlos a contratar empresas de servicios afines a la construcción que pertenecían a los miembros de la misma agrupación gremial. “Si se negaban, las obras se paralizaban con asambleas o medidas de fuerza que disponían los delegados que respondían a la conducción que lideraba Monteros” explicó Zorzano.

Para el fiscal, que también contrajo covid, Monteros tenía que responder por 47 hechos denunciados a fines de 2017, pero que, en algunos casos, habían ocurrido unos años atrás. El sindicalista había sido detenido a comienzos de 2018 en la vivienda de veraneo que poseía en la localidad balnearia de Monte Hermoso.

Allí le encontraron bolsos con 5 millones de pesos y 100.000 dólares. En una caja fuerte guardaba 423.000 dólares más. También le secuestraron una escopeta Damas, calibre 16, de doble caño recortado. Según el perito balístico de Policía Científica Facundo Boló De Dios, que declaró en el juicio el pasado 25 de marzo, el arma era de uso prohibido.

Atento a la situación prevalente en la salud de Monteros, su abogado defensor había intentado posponer el inicio del juicio, lo que fue denegado por el Tribunal 2, representado por el juez Eugenio Casas. “Dijimos que podía llegar a pasar lo que en definitiva pasó. Es algo inexplicable» dijo Sebastián Martínez a Radio Bahía Blanca, tras conocerse el fallecimiento del gremialista.

Monteros compartía con José Burgos, su secretario general adjunto al frente de la UOCRA, la acusación de líder de la asociación ilícita. Juntos a ambos, están siendo juzgados el ex tesorero y candidato a concejal por el Frente Para la Victoria Guillermo Molina, Walter Paiz, Roberto Ríos y Mario González.

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Otros ocho acusados eligieron la vía del juicio abreviado y ya acordaron su culpabilidad con el fiscal. Se trata de David Ezequiel Muñoz, Sergio Daniel Vázquez, Aníbal Alejandro Aranda, Sebastián Octavio Canales, Raúl Ernesto Erbin, Pablo David Gutiérrez. Carlos Ariel Carrillo y Nelson Damián Cabrera.

Todos integraban la comisión directiva o eran delegados de la UOCRA. Sus acuerdos con Zorzano fueron aceptados por distintos jueces que les aplicaron condenas entre 5 y 7 años de cárcel. Todos encuadraron los hechos en el marco de la asociación ilícita que está juzgando el Tribunal 2.

El abogado de Monteros abrió dudas respecto de la continuidad del debate cuyo inicio, previsto para abril de 2020, se suspendió dos veces el año pasado a raíz de la pandemia. “Espero que prime la lógica y no se quiera hacer justicia a como de lugar y a costa de quienes intervenimos en el juicio» argumentó Martínez.

Para el desarrollo de las audiencias, se destinó la sala mayor de los tribunales bahienses, donde asistían el juez, el fiscal y los seis acusados junto a sus abogados particulares, uno de los cuales, también contrajo coronavirus. Los participantes estaban con tapabocas, separados por mamparas y custodiados por efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Desde la Asociación Judicial Bonaerense impulsaron la retención de tareas de sus afiliados en los tribunales. El gremio lo decidió al no recibir una respuesta positiva, desde la Suprema Corte, a su pedido del regreso a la virtualidad en el servicio, ante el avance de casos en Bahía Blanca, que desde hace dos semanas se encuentra en fase 2.

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Fuente: Clarín

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