¿Una gestión eficiente del Fondo Europeo de Recuperación?

La UE va a poner a disposición del Gobierno español hasta 140.000 millones de euros para ayudar a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia de coronavirus. Se trata del mayor paquete de estímulo financiado a través del presupuesto de la UE. Con ello se busca compensar una caída del 11% del PIB en 2020 que ha situado la tasa de paro por encima del 16%.

El Gobierno ha anunciado que destinará una parte importante de esos recursos para cumplir con los compromisos de descarbonización asumidos con la UE. Esto es lógico dado que, según el propio Gobierno, el cumplimiento de esos compromisos va a exigir inversiones de 240.000 millones de euros a lo largo de los próximos 10 años.

Sin embargo, no todas las actuaciones que reducen las emisiones de CO2 o que crean empleo tienen sentido. Dado que los fondos disponibles, aunque considerables, son limitados, el dinero se debe dedicar a aquellas actuaciones que den lugar a una mayor reducción de las emisiones por cada euro que deba aportar el Gobierno.

Un ejemplo de despilfarro son las inversiones en plantas termosolares para la producción de electricidad. Las instalaciones fotovoltaicas usan la misma energía primaria (el sol), pero su coste es tres veces inferior que el de las termosolares y no necesitan subvenciones. Además, la mayoría de estas plantas consumen cantidades importantes de gas natural para mantener caliente la sal o el aceite cuando no hay sol, con las consiguientes emisiones de CO2.

Otro ejemplo de despilfarro son las inversiones en gasoductos. La lucha contra el cambio climático implica que en 2050 tendremos que haber dejado de consumir combustibles fósiles, lo cual significa que debemos empezar ya a reducir nuestra dependencia del gas natural. En algunos países ya se está planteado prohibir hacer nuevas conexiones de gas y no cabe duda de que pronto habrá que hacer lo mismo en España. ¿Qué sentido tiene invertir en gasoductos si la demanda de gas natural está abocada a desaparecer?

Lo mismo ocurre con las inversiones en los gasoductos para transportar hidrógeno para la cocina, calefacción o agua caliente de las viviendas. El hidrógeno siempre será más caro que la electricidad, porque para producir hidrógeno sin emitir CO2 hay que usar electricidad (generada con energías renovables). Por ello, el hidrógeno quedará relegado a nichos de mercado, donde la producción de hidrógeno in situ será la opción de mínimo coste.

Tampoco tiene sentido el aislamiento térmico de viviendas mediante actuaciones en fachadas y ventanas, excepto en el caso de viviendas de muy baja calidad. Instalar bombas de calor cuesta menos y reduce más el consumo de energía que el aislamiento térmico. Pero es que, además, para alcanzar el objetivo de descarbonización total de la economía a 2050 habrá que sustituir las calderas de gas por bombas de calor, incluso aunque se haya hecho aislamiento térmico. El problema es que las bombas de calor reducen el consumo de energía para calefacción en un 80%, reduciendo en ese mismo porcentaje el ahorro obtenido con el aislamiento, lo que hace que esta inversión sea un despilfarro. Quizás el Gobierno defienda el gasto en instalaciones termosolares, redes de gasoductos, y aislamiento térmico de edificios por su impacto sobre el empleo. Pero también crearía empleo dedicar los fondos para cavar agujeros en el suelo y volver a taparlos, y no por ello se trataría de un uso razonable de los recursos disponibles. La creación de empleo no puede justificar acometer actuaciones ineficientes. Es preferible hacer un uso eficiente de los recursos disponibles y dar ayudas directas a los hogares de menor renta, que crear puestos de trabajo artificiales que desaparecerán una vez se acabe el dinero.

La forma de sacar el mayor potencial a los recursos de la UE consiste en adelantar inversiones que se deben acometer en cualquier caso, apostando por aquellas que den lugar a las mayores reducciones de emisiones de CO2 por cada euro contribuido por el Estado. Entre ellas, se incluyen las inversiones en instalaciones de bombeo y grandes sistemas de baterías, la preinstalación de sistemas de bomba de calor y suelo radiante (en viviendas nuevas y en el contexto de grandes reformas, para minimizar el coste), y el desarrollo de una red de puntos de recarga rápidos para vehículos eléctricos en las vías principales.

Todo esto exige fuertes inversiones en redes de distribución eléctricas para que estas puedan asumir y gestionar el crecimiento de la demanda de electricidad (procedente de las bombas de calor y de los vehículos eléctricos) y la gestión de inyecciones de electricidad directamente a la red de distribución por parte de autoconsumidores e incluso desde baterías de vehículos eléctricos. Sin embargo, esto choca con el hecho de que la inversión en las redes de distribución está actualmente limitada a un máximo del 0,14% del PIB. Este tope carece de sentido en un contexto en el cual se deben adelantar inversiones para que la electrificación contribuya a la recuperación económica.

Por lo tanto, tiene lógica que los fondos disponibles se usen para adelantar las inversiones que permitan avanzar en la lucha contra el cambio climático. Pero no se trata de acometer cualquier actuación que dé lugar a una reducción de las emisiones, sino que los fondos se deben dedicar a aquellas actuaciones que permitan reducir las emisiones de CO2 con el menor consumo de los recursos disponibles.

Óscar Arnedillo Blanco/Jorge Sanz Oliva son Director Gerente/ Director Asociado de Nera Economic Consulting, respectivamente

Las ayudas europeas deben dedicarse a aquellas actuaciones que permitan reducir las emisiones de CO2 con el menor consumo de recursos disponibles
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Fuente: Cincodias.elpais

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