Una oportunidad para reconstruir la economía

Hemos comenzado el nuevo año con esperanza contenida y cierta emoción en torno a las vacunas que han de hacer frente al Covid-19. La emergencia sanitaria que sigue azotando al mundo entero, convirtiéndose en crisis social y económica, parece que tiene cada vez más cercano su final. Toca ahora adoptar y ejecutar las decisiones que encaminen al país hacia su debida reconstrucción, pues quien no acierte en un momento de cambio sistémico como el que estamos viviendo quedará rezagado a una suerte de modelo más parecido a las economías siempre emergentes que a las de cabecera.

Con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 se abre la posibilidad de retomar la configuración de unas líneas estratégicas para el país que afecten al interés general de la población. En este sentido debemos constatar que el hilo conductor de los mismos es su apuesta inequívoca por el aumento del gasto público, aunque ello sea gracias a los fondos de recuperación aprobados en el seno de la UE.

Una de las gratas sorpresas de estos presupuestos es lo relativo a las infraestructuras. Desde hace años todos los agentes relacionados con el sector de la construcción venimos requiriendo que se invierta más en obra civil con el objeto de adaptarnos a las exigencias sociales y medioambientales suscritas por nuestros compromisos internacionales. Para 2021 se destinarán un total de 11.572 millones de euros, el doble de los 5.701 millones de los PGE de 2018 prorrogados hasta el 2020.

El incremento de la inversión en infraestructuras ha de ser considerado prioritario en un doble sentido. Por un lado, como motor de la economía, pues tanto la construcción como su mantenimiento suponen una gran oportunidad de empleo directo e indirecto y, por otro, por ser estratégico para favorecer el desarrollo y la recuperación económica que precisamos en otros muchos sectores que se ven afectado por la utilización de las mismas. Además, deben servir de base de un desarrollo incluyente y sostenible, incluyendo objetivos ambientales y mejorando el acceso de la ciudadanía a los servicios básicos.

Las iniciativas de estímulo económico deben respaldar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, así como las propuestas del Pacto verde europeo. Entre ellas podemos citar, como ejemplo, las vinculadas con la gestión y depuración del agua, las de gestión de residuos, las de movilidad sostenible, las relacionadas con la sanidad, las de mejora de la red ferroviaria con especial incidencia en la red de cercanías, las necesarias para la prevención de los efectos del cambio climático, la red de energías renovables y las infraestructuras para la economía circular y el desarrollo urbano sostenible. Pensemos que en este año una de las leyes prioritarias que se quiere aprobar es la referente al cambio climático y transición energética, la cual debe ciertamente tener en consideración lo expuesto.

Igualmente, otro de los apartados de especial relevancia en estos PGE de 2021 es el relativo a la vivienda. Si bien para esta cuestión de magna repercusión social para el 2018 se dispusieron en total 485 millones, actualmente se contempla una partida de 2.253 millones; donde además del apartado denominado Acceso a la vivienda y fomento de la edificación con 602 millones de euros, se incorpora otro denominado Recuperación y resiliencia con 1.651 millones. De todo ello, cerca de 1.550 millones estarán destinados a la rehabilitación con orientación energética. Según un análisis de la Agencia Internacional de Energía, los proyectos de renovación de viviendas se pueden implementar rápidamente y cerca de un 60% del gasto en modernizaciones de eficiencia energética se dispondrían directamente al empleo local en el sector.

La cuestión de la vivienda ha sido y sigue siendo un tema de profunda preocupación para la inmensa mayoría de la ciudadanía. Tratándose de un derecho reflejado en la Constitución está vacío de contenido para buena parte de la población. Es necesario llevar a cabo acciones estructurales con respecto a este derecho constitucional, como aumentar la partida presupuestaria destinada a esta materia en los actuales presupuestos, pero lo más importante es que se tenga en la agenda política la normalización de un derecho social básico cuyo modelo de negocio está caduco y no cubre las demandas del conjunto de la sociedad.

Con todo, estos PGE siguen adoleciendo de partidas presupuestarias suficientes en materias tan importantes como la atención a la dependencia, sector clave para fortalecer el Estado del Bienestar y mitigar los efectos de destrucción de empleo de otros que están claramente orientados al fracaso. No obstante, es importante advertir que se incluye una subida de las cuantías del nivel mínimo y la recuperación del nivel acordado, por lo que se ha incrementado la financiación del sistema unos 600 millones adicionales más que en los PGE de 2020, y si lo comparamos con los PGE de 2018 el incremento es de 942 millones, aunque esta partida deberá aumentar si queremos garantizar el crecimiento de un sector que puede paliar en parte los efectos de la actual crisis, tanto sanitaria como económica y social.

Los PGE de 2021 además de ser una oportunidad para hacer política y gestionar el país tras años de inanición parlamentaria son una herramienta que ayuda a afianzar las instituciones como piezas esenciales del Estado social y de derecho. Paralizar su labor es dejar inválido el propio sistema parlamentario, por lo que no sólo hablamos de dejar de realizar política, pues se puede realizar a través de decretos, estamos hablando de quebrantar la propia soberanía nacional. Conseguir que el Parlamento apruebe leyes tan importantes como unos presupuestos de naturaleza social es dejar que la ciudadanía siga siendo titular del poder público.

 Vicente Sánchez es Secretario general de CCOO de Construcción y Servicios

El incremento de la inversión en infraestructuras en los Presupuestos de 2021 creará empleo directo e indirecto y potenciará la recuperación

Fuente: Cincodias.elpais

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